La agencia estadounidense contactó a piratas informáticos, que hallaron un defecto de software y facilitaron la información a los agentes.
WASHINGTON, Estados Unidos.- El Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos pagó más de 1 millón de dólares a un grupo de “hackers” profesionales para que le ayudaran a acceder al iPhone utilizado por el autor del tiroteo en San Bernardino (California) en diciembre pasado que se cobró la vida de 14 personas.
Al ser preguntado por los periodistas, el director del FBI, James Comey, evitó revelar la cifra exacta que se pagó a los piratas informáticos, pero sí indicó que esta fue superior a lo que él cobrará en todo el tiempo que le queda en el cargo.
“(Se les pagó) mucho. Más de lo que yo cobraré en lo que me queda en este trabajo, que son siete años y cuatro meses, eso seguro”, respondió Comey al ser preguntado sobre cuánto dinero se pagó por la tecnología que permitió acceder al iPhone.
El sueldo del director del FBI es público y asciende a los 181.500 dólares anuales, por lo que el total que cobrará Comey desde hoy hasta que abandone el cargo será de unos 1.331.000 dólares.
Según se desprende de las palabras de Comey, al grupo de “hackers” se le pagó una cifra superior a esa cantidad.
El 12 de abril se conoció que el FBI contactó con los piratas informáticos, que hallaron un defecto de software no conocido hasta entonces y facilitaron la información a los agentes para que estos crearan una pieza de hardware que les permitió acceder al teléfono.
El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de cuatro dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple, fabricante del dispositivo, que hubiera eliminado todo el contenido del teléfono en caso de introducir códigos incorrectos más de 10 veces.
Así, el FBI accedió al teléfono de Rizwan Farook, responsable junto a su esposa, Tashfeen Malik de la muerte de 14 personas en diciembre en California, después de un largo litigio legal y de que Apple se negara a prestar su ayuda.
La compañía alegaba que, de acceder a la demanda del Gobierno, ponía en riesgo la privacidad de todos sus dispositivos.